En 2019, Guatemala fue sede del XI Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina, cuyo objetivo era analizar el Acuerdo de Escazú, el primer Tratado regional sobre asuntos ambientales y sus impactos sobre el abordaje de conflictos socioambientales en la región. El presente documento presenta sus resultados.
En este documento el lector encontrará información sobre: la situación actual del Acuerdo en Guatemala, la ruta hacia su ratificación, los mitos y realidades sobre el Acuerdo, la legislación guatemalteca y el Acuerdo de Escazú , cómo se puede apoyar la ratificación del Acuerdo.
"El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional aplicable a América Latina y el Caribe. Está orientado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También es un tratado que incluye protección para personas defensoras del medio ambiente. Fue firmado en Costa Rica el 27 de septiembre de 2018 por 24 países (incluido Guatemala) y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Actualmente es aplicable en los 12 Estados que ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay."
Para mostrar a la sociedad una manera empresarial de actuación responsable y voluntaria se ha desarrollado un mecanismo denominado responsabilidad social corporativa o empresarial, que es interpretada como la voluntad de establecer compromisos éticos, por parte de las empresas, que van más lejos de las exigencias legales vigentes. Esta guía es un instrumento que orienta el acceso a la información ambiental, a fin de coadyuvar a un mejor desempeño ambiental de las empresas.
Cuando se habla de conflicto ambiental se hace referencia a procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. De ahí la importancia de establecer reglas o "salvaguardas" para el uso de los recursos.
La obtención de licencias sociales y la consulta a las comunidades son mecanismos adecuados para la prevención de conflictos, al tiempo que colocan el respeto de los derechos individuales y colectivos como uno de los ejes centrales del desarrollo económico.