Modelo lógico para la prevención de la violencia y el delito en Guatemala

Presentación

Origen

El tratamiento de un modelo de prevención de la violencia y el delito como un objeto específico de políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática tienen sus orígenes en Guatemala a principios de la década de los años 2000.

En ese momento, la adopción de esta perspectiva ocurre apenas unos años después de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, cuando la expresión del fenómeno evolucionó de un marcado acento político y asunto de seguridad nacional, influido por el Conflicto Armado Interno y la lógica de la Guerra Fría, a una dinámica de criminalidad, que amenazaba tanto la vida y los bienes de las personas como la gobernabilidad, la economía y el Estado de derecho.

Es decir, se trataba de un nuevo problema nacional de desarrollo, que como los demás reclaman una atención especializada.

Inicios de la prevención de la violencia y el delito

Las primeras experiencias de políticas públicas de prevención de la violencia y el delito estuvieron marcadas por un enfoque comunitario participativo, que buscaba crear vínculos de confianza y colaboración entre la población y las fuerzas de seguridad del Estado, tras décadas de tensión derivadas de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional.

Así, mediante el Acuerdo Gubernativo 124-2004, en marzo de 2004 fue creado el III Viceministerio de Gobernación, denominado entonces de Apoyo Comunitario, con el mandato de “elaborar, desarrollar e implementar políticas de relaciones comunitarias y programas estratégicos de prevención”.

Más adelante, con el propósito de disponer de una estructura técnica y especializada, el 20 de febrero de 2008 fue creada la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), cuyas reformas posteriores la pusieron bajo los lineamientos del III Viceministerio y con una temporalidad limitada hasta febrero de 2018.

Marco político y normativo de la prevención de la violencia y el delito

Como se explica más adelante en este documento, la atención del problema de la prevención de la violencia y el delito dispone en la actualidad de un amplio marco político normativo e institucional, integrado por 42 instrumentos, que se pueden clasificar en tres categorías:

1. instrumentos internacionales ratificados por el país;
2. políticas públicas sectoriales;
3. legislación e institucionalidad específica.

También dispone de más de 60 intervenciones o iniciativas vigentes implementadas por al menos 25 instituciones públicas de distintos sectores, a las que se suman una cantidad no determinada de acciones independientes ejecutadas por actores no estatales, como OSC nacionales e internacionales, iglesias y clubes privados.

Instrumentos para el problema de la violencia y el delito

La cantidad de instrumentos de políticas públicas, actores e intervenciones responde en gran medida a la naturaleza compleja y sistémica del problema de la violencia y el delito, sumado al hecho de que se producen en el contexto de un país multicultural integrado por pueblos con visiones distintas del mundo y un pasado reciente marcado por la alta intensidad de un conflicto armado interno.

De ahí que se pueden identificar tres tipos de abordaje:

1. institucional ejecutadas a través del III Viceministerio de Gobernación y otras instituciones de forma individual;
2. sectorial ejecutadas por actores de sectores específicos (educación, salud, desarrollo social, juventud, niñez y adolescencia, mujer y mujer indígena, entre otros);
3. multisectorial a través de instancias de coordinación de múltiples actores.

Dentro del abordaje multisectorial, cabe resaltar a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción Integral de Valores de Convivencia, creada en 2005 bajo la dirección de la Vicepresidencia de la República.

En octubre de 2016, esta estructura fue reconvertida y puesta a funcionar por el actual Gobierno de Guatemala como Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres CONAPREVI.

El Estado guatemalteco en la reducción de la violencia y el delito

A pesar de la cantidad de instrumentos e intervenciones existentes, la eficacia del Estado guatemalteco en la reducción de la violencia y el delito ha sido hasta ahora limitada. Aunque, como se verá más adelante, los valores de algunos indicadores han mejorado, el problema sigue siendo grave.

Entre los factores que han influido en esta limitada eficacia se puede citar la ausencia de políticas públicas y programas orientados a resultados, fundamentadas en sólidos modelos conceptuales y modelos lógicos de intervención, formulados con base en la evidencia aportada por el estado actual del conocimiento técnico-científico sobre la materia.

Como parte de estas carencias, tampoco se dispone de sistemas de monitoreo y evaluación que midan y expliquen el nivel de logro de resultados y aporten información oportuna para la toma de decisiones que mejoren lo que se está haciendo.

Desarrollo del modelo lógico

Para tratar de superar estas y otras limitaciones en el diseño e implementación de las políticas públicas, el Gobierno de Guatemala aprobó en 2014 reformas a la normativa vigente para incorporar la metodología de Gestión Basada en Resultados (GBR) en la planificación y el presupuesto de las instituciones del Estado.

Para orientar este proceso, bajo la coordinación de SEGEPLAN y la DTPMINFIN, elaboró una guía conceptual en la que se especifican los pasos metodológicos que las instituciones han de seguir, entre los que se encuentran la formulación del Modelo conceptual y el Modelo lógico del problema de desarrollo que se pretende resolver.

Se trata de dos herramientas fundamentales, que por primera vez obliga a que las inversiones públicas en cualquier materia estén antecedidas y fundamentadas por evidencia técnica-científica.

Presentación del modelo lógico

El presente estudio de Modelo Lógico de Prevención, y Modelo conceptual que le antecede, ha sido encargado por el III Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito a un equipo de expertos independientes, gracias a la colaboración del FOSIT II, ejecutado por la agencia alemana de cooperación GIZ.

Para obtener evidencia técnico-científico sobre los factores causales del problema y las soluciones propuestas, el equipo ha consultado la información y el conocimiento disponible en diferentes fuentes primarias y secundarias, producida tanto en Guatemala como a nivel internacional.

Además, se ha contado con la participación de más de 20 instituciones públicas y actores no estatales que tienen intervenciones en la materia, así como el concurso de la SEGEPLAN y DTP en la validación del modelo propuesto.

Finalmente

Tomando en cuenta el alcance y la exigencia de este esfuerzo, se puede decir que por vez primera el Gobierno de Guatemala dispone de un instrumento con validez técnica-científica y legitimidad institucional suficientes para fundamentar sus acciones.

Con este modelo para la prevención de la violencia y el delito se pretende alcanzar, con un alto nivel potencial de eficacia, el principal resultado esperado: la reducción progresiva y sostenible de los casos de violencia y delitos contra la vida y los bienes de las personas, principalmente de los niños, las niñas, los jóvenes y las mujeres, consideradas por la evidencia con los grupos de población más vulnerables.